ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está profundamente preocupada por el creciente número de incidentes de violencia y graves violaciones de los derechos humanos contra personas refugiadas y migrantes en varias fronteras europeas, muchos de los cuales han provocado trágicas pérdidas de vidas.
La violencia, los malos tratos y las expulsiones siguen denunciándose con regularidad en múltiples puntos de entrada en las fronteras terrestres y marítimas, dentro y fuera de la Unión Europea (UE). Esto a pesar de los reiterados llamamientos de los organismos de la ONU, incluido ACNUR, las organizaciones intergubernamentales y las ONG, para poner fin a estas prácticas.
Es alarmante ver informes recurrentes y consistentes de las fronteras terrestres y marítimas de Grecia con Turquía, donde ACNUR ha registrado casi 540 incidentes notificados de devoluciones informales por parte de Grecia desde principios de 2020. También se han registrado incidentes inquietantes en el centro y el sureste de Europa en las fronteras con Estados miembros de la UE.
Aunque muchos incidentes no se denuncian por diversos motivos, ACNUR ha entrevistado a miles de personas en toda Europa que fueron rechazadas y que alegaron haber sido objeto de un inquietante patrón de amenazas, intimidaciones, violencia y humillación. En el mar, las personas informan de que se les deja a la deriva en botes. O, a veces, se les obliga a tirarse directamente al agua, lo que demuestra una cruel desconsideración por la vida humana. Se han registrado al menos 3 personas fallecidas en este tipo de incidentes desde septiembre de 2021 en el mar Egeo, incluyendo la más reciente en enero. En las fronteras terrestres se denuncian con frecuencia prácticas igualmente terribles, con testimonios consistentes de personas a las que se les despoja de la ropa y calzado y se les empuja brutalmente a retornar en condiciones climáticas adversas.
ACNUR ha registrado casi 540 incidentes notificados de devoluciones informales por parte de Grecia desde principios de 2020
Salvo unas pocas excepciones, los Estados europeos no han investigado estos informes, a pesar del creciente número de pruebas creíbles. En cambio, se están levantando muros y vallas en varias fronteras. Además de la denegación de entrada en las fronteras, también hemos recibido informes de que algunos refugiados pueden haber sido devueltos a su país de origen, a pesar de los riesgos que corrían allí, lo cual puede ser contrario al principio jurídico internacional de la “no devolución” (non-refoulement).
El derecho a solicitar y disfrutar del asilo no depende del modo de llegada a un país. Las personas que deseen solicitar asilo deben poder hacerlo y se les debe informar de sus derechos y ofrecerles asistencia jurídica.
Las personas que huyen de la guerra y la persecución tienen pocas opciones disponibles. Es poco probable que los muros y las vallas sirvan realmente como elemento disuasorio. Sólo contribuirán a aumentar el sufrimiento de las personas necesitadas de protección internacional, en particular de las mujeres, niñas y niños, y les empujarán a considerar rutas diferentes, a menudo más peligrosas que probablemente, provocarán más muertes.
Lo que está ocurriendo en las fronteras europeas es legalmente y moralmente inaceptable y debe terminar. Proteger la vida humana, los derechos humanos y la dignidad debe seguir siendo una prioridad compartida por todos. Es urgente avanzar en la prevención de las violaciones de los derechos humanos en las fronteras, así como en el establecimiento de mecanismos nacionales de control verdaderamente independientes que garanticen el poder denunciar y la investigación independiente de los incidentes.
En el mar, las personas informan de que se les deja a la deriva en botes. O, a veces, se les obliga a tirarse directamente al agua, lo que demuestra una cruel desconsideración por la vida humana.
Tememos que estas prácticas deplorables corren el riesgo de normalizarse y convertirse en políticas. Refuerzan una innecesaria y nociva narrativa de “fortaleza europea”. La realidad es que la mayoría de los refugiados del mundo son acogidos por países de renta baja y media, con muchos menos recursos, a menudo fronterizos con países de origen donde se producen crisis.
Según la legislación de la UE, las actividades de vigilancia de las fronteras deben llevarse a cabo respetando plenamente los derechos fundamentales. Es posible gestionar las fronteras y abordar los problemas de seguridad, al tiempo que se aplican políticas justas, humanas y eficientes con respecto a los solicitantes de asilo que se ajustan a las obligaciones de los Estados en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos y refugiados, incluida la Convención de 1951, así como la legislación europea.
Los países europeos llevan mucho tiempo apoyando la labor de ACNUR y realizan importantes contribuciones que ayudan tanto a la protección de los refugiados como a colaborar con los países de acogida. Sin embargo, el apoyo financiero y de capacitación en otros países no puede sustituir la responsabilidad y la obligación de los Estados de acoger y proteger a las personas refugiadas en su propio territorio.
El reasentamiento y otras vías legales no pueden sustituir las obligaciones hacia las personas que buscan asilo en las fronteras, incluso si han llegado de forma irregular y espontánea, incluso en pateras, aunque son esenciales y una manifestación de apoyo hacia los principales Estados de acogida de refugiados.
El apoyo financiero y de capacitación en otros países no puede sustituir la responsabilidad y la obligación de los Estados de acoger y proteger a las personas refugiadas en su propio territorio.
Los Estados deben cumplir sus compromisos y respetar los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho de asilo. La forma en la que Europa decide proteger a los solicitantes de asilo y a los refugiados es importante y sienta un precedente no sólo en la región, sino también a nivel mundial.
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