Más de dos años después del inicio de la pandemia de COVID-19, al menos 20 países en el mundo siguen negando el acceso al asilo a las personas que huyen de los conflictos, la violencia y la persecución aplicando medidas de salud pública. Algunos de estos países aplican excepciones para la admisión de personas solicitantes de asilo de manera inconsistente o arbitraria.
Los últimos datos sobre denegación del acceso al asilo muestran solo una mejora marginal en la forma en que los Estados han venido gestionando la admisión de solicitantes de asilo desde el inicio de la pandemia. En el pico de la emergencia, 100 países empezaron a aplicar medidas restrictivas para la admisión de solicitantes de asilo, exponiendo a mayores riesgos a personas que ya se encontraban en una situación de peligro.
Aunque los Estados tienen el derecho soberano de regular la admisión de ciudadanos extranjeros, el derecho a solicitar asilo y la prohibición de la devolución a situaciones de peligro son principios fundamentales del derecho internacional, que también prohíbe el rechazo en frontera de las personas que solicitan asilo por parte de los Estados.
“Insto a los Estados que siguen aplicando estas restricciones a que las levanten de la manera más urgente, para que las personas puedan buscar seguridad y protección”, expresó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Y añadió: “En un momento en que las guerras y la violencia asolan el mundo y las personas huyen de las persecuciones, estas medidas niegan el derecho humano fundamental de toda persona a buscar asilo. Mujeres, hombres, niñas y niños siguen siendo rechazados en las fronteras terrestres y marítimas, o se les devuelve o traslada a países en los que su vida o libertad pueden peligrar”.
El derecho a solicitar asilo y la prohibición de la devolución a situaciones de peligro son principios fundamentales del derecho internacional.
ACNUR ha advertido en repetidas ocasiones que las medidas que impiden la admisión de las personas solicitantes de asilo en las fronteras, además de ser contrarias al derecho internacional, son innecesarias para abordar los riesgos de salud pública. Durante la pandemia, ACNUR ha trabajado con los Estados instándolos a seguir cumpliendo con sus obligaciones legales internacionales hacia las personas solicitantes de asilo y les ha brindado orientación y asesoramiento técnico sobre cómo salvaguardar los derechos de las personas refugiadas y, al mismo tiempo, proteger la salud pública. La práctica de los muchos países que admitieron a las personas solicitantes de asilo durante la pandemia demuestra que es posible gestionar los riesgos de salud pública, por ejemplo, mediante pruebas y cuarentenas, y otras medidas razonables y proporcionadas.
Una reciente evaluación sobre la protección de los derechos de las personas refugiadas durante la pandemia ha constatado que algunas prácticas restrictivas de salud pública adoptadas en el pico de la pandemia se han mantenido como medidas de seguridad. “Me preocupa que las medidas promulgadas con el argumento de responder a la COVID-19 se estén utilizando como pretexto para excluir y negar el asilo a las personas que huyen de la violencia y la persecución”, dijo Grandi. “La COVID-19 no puede ser una excusa para ignorar las normativas y los derechos de los refugiados”, agregó.
Además de los 20 países que limitan el acceso al asilo por motivos relacionados con COVID-19, otros 17 países niegan el acceso al asilo por razones que no parecen estar directamente vinculadas a la pandemia. ACNUR sigue abogando por la eliminación inmediata de todas las restricciones al asilo.
“Me preocupa que las medidas promulgadas con el argumento de responder a la COVID-19 se estén utilizando como pretexto para excluir y negar el asilo a las personas que huyen de la violencia y la persecución”, dijo Grandi.
El mapeo realizado por ACNUR de las restricciones relacionadas con COVID-19 para las personas solicitantes de asilo en las fronteras está disponible aquí.
Notas para la prensa:
Las cifras se basan no solo en información que se encuentra públicamente disponible, sino también en el monitoreo que realizan ACNUR y sus socios a nivel local y nacional; los resultados del monitoreo se presentan en el panel digital de ACNUR “Medidas temporales por la COVID-19 y su impacto en la protección”. ACNUR se ha esforzado por verificar la información con fuentes internas y otras metodologías de investigación pertinentes. Sin embargo, si es necesario hacer alguna corrección, ACNUR tiene la apertura de recibir información al respecto y de hacer los cambios pertinentes al actualizar los datos.
En los próximos días se publicará una “Evaluación conjunta en materia de protección de los derechos de las personas refugiadas durante la pandemia de COVID-19”, la cual fue comisionada con el auspicio de la Coalición Mundial para evaluar la respuesta a la COVID-19. Esta evaluación confirma que hay pruebas que dejan ver que algunos Estados han usado la pandemia como una aparente justificación para aplicar medidas restrictivas que van en detrimento de los derechos de las personas refugiadas. En algunos casos, las prácticas restrictivas adoptadas en el punto más álgido de la pandemia por motivos de salud pública se han mantenido e, incluso, se han reforzado como medidas de seguridad.
Para más información sobre este tema, favor de contactar:
En Ginebra, Shabia Mantoo,mantoo@unhcr.org, +41 (79) 337 76 50
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Fuente: ACNUR.ORG
