“Nos mudábamos de una ruina a otra. Así era nuestra vida: mudarnos de un lugar a otro”, recuerda Mohammad, de 65 años, cuya familia de 15 personas incluye a su esposa, cuatro hijos y cuatro nietos. Mohammad Daud y su familia huyeron de la lucha y la inseguridad en su área de origen y llegaron a la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, hace más de ocho años. Pero hasta hace poco, todavía carecían de una casa segura en la que vivir. Su último hogar estaba tan cerca del colapso que tuvo que advertir a los niños que no se sentaran demasiado cerca de las paredes derrumbadas. El estado de la casa no impidió que su propietario duplicara el alquiler de la familia y amenazara con desalojarlos cuando no podían pagar.
“Nos mudábamos de una ruina a otra. Así era nuestra vida: mudarnos de un lugar a otro”, recuerda Mohammad.
La experiencia de Mohammad es muy común en Afganistán, donde más de 440.000 personas fueron desplazadas internamente por el conflicto solo en 2019, además de cientos de miles expulsados de sus hogares por los desastres naturales. Algunos pueden mudarse con familiares, pero la mayoría tiene que conformarse con refugios o tiendas destartaladas en asentamientos informales o alojamientos de alquiler estrechos y caros que a menudo carecen de agua potable y baños. Las condiciones son especialmente difíciles durante los veranos abrasadores y los inviernos helados de Afganistán. En todo el país, los afganos desplazados informan que la necesidad de alojamiento es una de sus mayores prioridades, solo superada por la comida.
Lo mismo ocurre con los casi seis millones de ex refugiados que han regresado a Afganistán en las últimas dos décadas. Sardar Bibi y su familia vivieron como refugiados en el vecino Pakistán durante varias décadas antes de regresar a Afganistán hace tres años. Llegaron a Kandahar sin nada, “sin trabajo, sin tierra, sin comida ni propiedad”, dice Sardar Bibi. Su familia de 12 personas, así como la familia de su hija, de nueve integrantes, vivían en una habitación individual. “La vida era difícil en ese entonces. Estábamos en tan mal estado”, revela la mujer.
La vida ha sido un poco más fácil para ambas familias desde que recibieron subsidios en efectivo del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, para construir sus propias casas. El proyecto Cash for Shelter, que se puso a prueba con 600 hogares vulnerables desplazados y retornados a partir del año pasado, brinda a las familias una subvención en efectivo de 3.300 dólares y asistencia técnica para construir un alojamiento de dos habitaciones que incluye un baño. El efectivo se proporciona en tres cuotas a medida que avanza la construcción.
Ambas familias usaron parte del dinero para contratar trabajadores locales de la construcción. Con la ayuda de miembros de la familia, sus casas se construyeron en tres meses. Los hijos de Mohammad adquirieron habilidades de construcción que utilizaron para construir una habitación adicional, así como una cocina y un muro perimetral. Ante la amenaza de desalojo, Mohammad y su familia se mudaron a su nuevo hogar antes de que estuviera completo. “Las paredes todavía estaban mojadas cuando comenzamos a vivir en la casa. Cubrimos el piso de una habitación con una sábana de plástico… las habitaciones no tenían ventanas”, cuenta.
Sardar Bibi y su familia también se mudaron a su nuevo hogar antes de que terminaran la obra: “Cuando llegamos al nuevo lugar, nos sentimos cómodos. Hay suficiente espacio para todos”, dice.
Nuevas dificultades tras el COVID-19. Poco tiempo después de que ambas familias se establecieran en sus nuevos hogares, la pandemia de coronavirus trajo nuevas dificultades. Los dos hijos de Mohammad, que estaban apoyando a la familia como jornaleros (ganando 3 dólares diarios), no han podido trabajar durante las últimas semanas debido a las medidas de cierre, y la familia ha tenido que pedir prestado dinero para sobrevivir. “En cuanto al albergue, estamos cómodos ahora. Es solo que estamos viviendo en la pobreza”, explica Mohammad.
Los impactos de COVID-19 también han elevado los precios de los alimentos básicos. “Los precios son más altos. No podemos costear nada, ni siquiera la cena”, indica Sardar Bibi.
“No podemos costear nada, ni siquiera la cena», indica Sardar Bibi.
La propagación del coronavirus en Afganistán ha ampliado la necesidad de que las personas tengan alojamientos con espacio adecuado, agua corriente y baños. El proyecto Cash for Shelter está proporcionando esos beneficios, mientras que el componente de efectivo ha ayudado a las familias a enfrentar las consecuencias financieras del confinamiento y los cierres.
El coronavirus es solo el último juicio que enfrentan los afganos durante 40 años de conflicto, desplazamiento, inestabilidad política y desastres naturales. A medida que la crisis de desplazamiento de Afganistán entra en su quinta década, ACNUR está pidiendo inversiones específicas, tanto dentro de Afganistán como en Irán y Pakistán, que albergan a más de 2,3 millones de refugiados afganos. El costo de la inacción, advierte ACNUR, podría ser más flujos de población, sufrimiento e inestabilidad continuos, y una crisis socioeconómica que se agrava a raíz de la pandemia de COVID-19.
Ver también: Médica afgana ayuda a las personas refugiadas a luchar contra la COVID-19
El 6 de julio, representantes de Afganistán, Irán y Pakistán participaron junto con ACNUR en una reunión virtual de alto nivel para buscar apoyo práctico y llamar a la acción en el marco de la Estrategia de Soluciones para los Refugiados Afganos. ACNUR y los tres gobiernos trabajan conjuntamente para proporcionar mejores condiciones para los refugiados afganos en toda la región y, en última instancia, para organizar su regreso voluntario cuando las circunstancias lo permitan.
