GINEBRA – Tras la aprobación del Proyecto de Ley «Seguridad de Rwanda» por parte del Parlamento del Reino Unido, dos líderes de las Naciones Unidas han vuelto a advertir sobre el impacto perjudicial que tendrá en la responsabilidad global compartida, los derechos humanos y la protección de las personas refugiadas.
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instan al gobierno del Reino Unido a reconsiderar su plan de trasladar a los solicitantes de asilo a Rwanda y, en cambio, tomar medidas prácticas para abordar los flujos irregulares de personas refugiadas y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional de los derechos humanos.
El Proyecto de Ley «Seguridad de Rwanda» (Asilo e Inmigración) se presentó ante el Parlamento junto con el Tratado de Asociación en materia de Asilo entre el Reino Unido y Rwanda después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido determinara el año pasado que la propuesta de transferir a los solicitantes de asilo a Rwanda violaría el derecho internacional y el derecho del Reino Unido, señalando deficiencias en el sistema de Rwanda para decidir sobre las solicitudes individuales de asilo. Sin embargo, el Proyecto de Ley y el Tratado no superan en la práctica las lagunas en materia de protección identificadas por el Tribunal Supremo. Es más, una vez promulgados, restringirán la capacidad de los tribunales del Reino Unido para examinar adecuadamente las decisiones de expulsión, dejando a los solicitantes de asilo un margen limitado para apelar, incluso si se enfrentan a importantes riesgos.
“Esta nueva legislación se aleja un paso más de la larga tradición del Reino Unido de proporcionar refugio a quienes lo necesitan, en violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, dijo Grandi. “La protección de las personas refugiadas requiere que todos los países, no solo aquellos que están cerca de zonas de crisis, cumplan con sus obligaciones. Este acuerdo busca transferir la responsabilidad de la protección de los refugiados, socavando la cooperación internacional y estableciendo un preocupante precedente global.”
El Reino Unido tiene una encomiable historia de control judicial efectivo e independiente. Aún está a tiempo de tomar las medidas correctas y establecer mecanismos que contribuyan a abordar los factores que impulsan a las personas a abandonar sus hogares y a compartir la responsabilidad con socios europeos e internacionales respecto a aquellas personas que necesitan protección.
Para ello, es clave contar con un sistema de migración y asilo justo, eficiente y bien gestionado, que garantice el acceso a la protección para aquellos que la necesiten y permita el retorno a sus hogares de aquellos que no tienen una base legal para permanecer.
Reconociendo los desafíos que presenta el movimiento irregular de personas refugiadas y migrantes, a menudo en circunstancias peligrosas, los líderes de la ONU expresan su grave preocupación por el hecho de que la legislación pueda facilitar los traslados en el marco del tratado de asilo entre el Reino Unido y Rwanda, prestando una limitada consideración hacia las circunstancias individuales o cualquier riesgo de protección. Ambos líderes hacen un llamamiento al Reino Unido para que busque una cooperación práctica con los países situados a lo largo de las rutas que toman los refugiados y migrantes, refuerce la protección y ofrezca alternativas reales, como la ampliación de vías seguras y regulares para la protección.
“Al transferir la responsabilidad en materia de refugiados, reducir la capacidad de los tribunales del Reino Unido para examinar las decisiones de expulsión, restringir el acceso a recursos legales en el Reino Unido y limitar el alcance de las protecciones de derechos humanos nacionales e internacionales para un grupo específico de personas, esta nueva legislación obstaculiza seriamente el Estado de derecho en el Reino Unido y establece un precedente peligroso a nivel global”, señala Völker Türk.
“Es fundamental para la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas refugiadas y migrantes que buscan protección que todas las expulsiones del Reino Unido se realicen después de evaluar sus circunstancias individuales específicas en estricto cumplimiento con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugiados”, añade Türk.
Esta nueva legislación es la tercera en una serie de leyes del Reino Unido cada vez más restrictivas que han ido socavando el acceso a la protección de los refugiados desde 2022, entre las que se incluye la prohibición de acceso al asilo u otras formas de permiso para permanecer en el Reino Unido para aquellos que lleguen de manera irregular a través de un tercer país. Si esta legislación es finalmente implementada, allanaría el camino para que los solicitantes de asilo, incluidas las familias con niños, sean enviadas de manera sumaria a Rwanda para presentar sus solicitudes de asilo, sin posibilidad de regresar al Reino Unido. También limitaría drásticamente la capacidad de los solicitantes de asilo para impugnar o apelar las decisiones de expulsión, ya que los responsables de la toma de decisiones en materia de asilo y los jueces estarían obligados a considerar a Rwanda como un país “seguro” en términos de protección a los solicitantes de asilo, independientemente de cualquier evidencia que pueda mostrar lo contrario, ya sea ahora o en el futuro. Esta situación es aún más preocupante dado que la legislación autoriza expresamente al Gobierno a ignorar cualquier medida provisional de protección de la Corte Europea de Derechos Humanos.