La madre soltera representa a miles de mujeres colombianas que han tenido que dejar todo atrás luego de recibir amenazas de muerte. Pero en pocas semanas en una ciudad ecuatoriana al noreste del país, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia – ya había conseguido no solo alquilarse una casita, sino inscribir a sus dos hijos, Vanessa*, 14, y Diego*, 7, en la escuela. Para Helena, eso fue lo más importante.
“Me arrancaron lo material, pero mi conocimiento y todo lo que he estudiado y lo que me he superado hoy en día, eso no me lo arrancan, eso lo llevo conmigo”, asegura con la determinación de que sus hijos también adquieran conocimiento.
“Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir dignamente”
En una ciudad del suroeste de Colombia, Helena era una intrépida lideresa comunitaria. A sus 33 años, ya llevaba años defendiendo los derechos de los habitantes. Había conseguido importantes logros, como abogar por el derecho de niñas y niños de su ciudad de ir a la escuela, a que tuviesen transporte seguro y a que los centros comunitarios estuviesen a disposición de toda la población.
Luego empezaron las llamadas vacunas – los pagos que exigía un grupo criminal que operaba en la comunidad. “No me parecía justo”, recuerda Helena. “Somos familias que hemos pasado por una pandemia… La gente no podía ni comer, y vienen a exigir que paguemos o te matan”.
“Yo siento que todos los seres humanos tenemos el derecho a vivir dignamente”, comenta. “Por eso, hice hincapié en que no pagaran (las vacunas) porque nadie debería exigirte para tener derecho a vivir”.
Horas después de que se pronunciara la lideresa comunitaria, alguien rompió la ventana de su casa. Fue el primer indicio de que los días siguientes se iban a convertir en un calvario para ella y su familia. Cada vez que salía de casa, Helena escuchaba la vibración de una moto siguiéndole de cerca. ‘Agachaditos y calladitos’ les decía a Vanessa y Diego, mientras se escondían en una tienda.
“Corrimos al departamento y cuando abrí la puerta, vi el panfleto con las amenazas en el piso”, recuerda. “Agarramos nuestras cosas y nos fuimos”.
“Hemos visto cómo recientemente llegan familias colombianas desplazadas por violencia”, señala Federico Agusti, Representante de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Ecuador. “Familias con hijos pequeños que llegan agotados luego de largas horas de bus, con pocas pertenencias y mucho temor”.
El 72 por ciento de los registros de solicitud de asilo por colombianos en Ecuador ha sido realizado por familias, cifra que ha ido en aumento desde 2019, cuando los grupos familiares registraban casi un 54 por ciento, según cifras oficiales del gobierno ecuatoriano.
“Aquí, ACNUR y sus socios brindan asesoría y apoyo para que estas personas puedan encontrar un lugar seguro donde dormir y puedan solicitar la protección que necesitan, y apoyamos a la Dirección de Protección Internacional de la Cancillería para fortalecer el acceso a los mecanismos de protección del Estado”, añadió el Representante.
“Uno viene de una situación muy dura, a un país que uno no conoce, y que le reciban, que le den una acogida a uno aquí, es muy bonito. Esto nos da mucha fuerza para que uno vuelva y surja y que no nos demos por vencidos”, añadió Helena.