CIUDAD DE PANAMA / WASHINGTON D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó la semana pasada la primera audiencia sobre «Derechos humanos de las personas en movilidad humana por efectos del cambio climático». En este evento sin precedentes, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, advirtió que los efectos del cambio climático están exacerbando el desplazamiento forzado dentro y a través de las fronteras, aumentando la vulnerabilidad de las personas desplazadas y dificultando la consecución de soluciones.
Durante la audiencia, Isabel Márquez, Directora Regional Adjunta de ACNUR para las Américas, destacó la interrelación entre el cambio climático y otros factores de desplazamiento forzado como la violencia, la persecución, y las violaciones de los derechos humanos. “Las consecuencias inmediatas y a largo plazo del cambio climático pueden aumentar los riesgos de violaciones de derechos humanos y exacerbar conflictos, forzando a las personas a abandonar sus países de origen en busca de protección internacional”, señaló.
A nivel mundial, casi dos tercios de las nuevas personas solicitantes de asilo y refugiadas desplazadas en 2022 provenían de 15 países altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Además, casi el 60% de las personas refugiadas y desplazadas internamente por conflictos viven actualmente en países que se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático.
En la región de las Américas, donde viven más de 22 millones de personas refugiadas, desplazadas, y apátridas, los países están cada vez más expuestos a los efectos adversos del cambio climático. En consecuencia, es necesario incluir a estas poblaciones en los planes nacionales de adaptación al cambio climático. En 2023, el fenómeno de El Niño y el aumento de las temperaturas generaron mayores precipitaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra en Ecuador, Perú y México. En América Central, el cambio climático afecta la producción agrícola en el «Corredor Seco», obligando a pequeños agricultores a huir de sequías y tormentas, estableciéndose en áreas urbanas con oportunidades de trabajo limitadas, donde son más vulnerables a la violencia de pandillas y la extorsión, así como a inundaciones.
La mayoría de las personas obligadas a huir debido a desastres o eventos vinculados al cambio climático se desplazan dentro de sus propios países, pero hay circunstancias en las que se ven obligadas a cruzar fronteras internacionales. En 2020, ACNUR elaboró directrices que identifican las circunstancias bajo las cuales las personas obligadas a cruzar fronteras internacionales debido a desastres o eventos relacionados con el cambio climático podrían ser consideradas personas refugiadas conforme la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
En las Américas, también se destaca la definición regional de persona refugiada de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, la cual hace referencia a las personas que se ven obligadas a abandonar su país en el contexto de situaciones o circunstancias que ‘perturban gravemente el orden público’. Los eventos climáticos o desastres que perturben gravemente el orden público podrían dar lugar a que un Estado brinde protección a las personas afectadas a través del reconocimiento de la condición de refugiado.
Asimismo, América Latina se distingue por la presencia de marcos legales y políticos que respaldan el establecimiento de respuestas de protección para las personas desplazadas por los impactos del cambio climático y los desastres. Algunos de estos ejemplos incluyen el Programa de Visas Humanitarias Especiales para personas desplazadas por desastres socio naturales en Argentina, el otorgamiento de visas humanitarias y residencia temporal para ‘situaciones de desastre climático y ambiental’ en Brasil, y diversas disposiciones sobre categorías humanitarias flexibles en Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México.
Para prevenir las condiciones que generan el desplazamiento y brindar la protección de quienes se ven obligados a huir debido a los efectos adversos del cambio climático, ACNUR reforzó su compromiso de apoyar el desarrollo de legislación y políticas públicas, y de continuar fortaleciendo los esfuerzos de preparación y respuesta a emergencias climáticas trabajando estrechamente con los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las comunidades de acogida y las poblaciones afectadas.
